La fragilidad del Estado de Derecho es la principal fuente de la desconfianza entre ciudadanos y principal enemiga de la democracia. La semana pasada fueron “rescatados” por un comando armado 458 menores de edad del albergue “La Gran Familia” ubicado en Zamora, Michoacán. La encargada del albergue, Rosa Verduzco, conocida como “Mama Rosa”, fue detenida en medio de un vistoso operativo que incluyó medios de comunicación y la exhibición de la Sra. Verduzco como una criminal ante el público sin haber pasado por el debido proceso y el respeto de sus garantías más elementales.
La casa hogar, que en su página web menciona contar con subsidios oficiales y convenios con organismos públicos de todos los niveles y de atender a personas de escasos recursos, no se daba abasto para atender a los jóvenes que lo habitaban. Lo que llama la atención es el tipo de delitos que se le imputan a Rosa Verduzco, a quienes muchos intelectuales y personalidades del país como Krauze, Poniatowska, Lázaro Cárdenas Batel, Vicente Fox, e incluso el nobel francés de literatura Le Clezio califican como una luchadora social.
Los delitos que se le imputan a Mama Rosa son:
- Adopciones ilegales (Tratado Internacional de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas)
- Explotación sexual (art. 201 del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos)
- Explotación laboral (art. 5 de la Ley Federal del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos)
- Tráfico de órganos (art. 156 bis del Código Penal de los Estados Unidos Mexicanos
Estos delitos hablan principalmente de dos cosas; como se puede observar, la naturaleza de los crímenes que se le imputan a la responsable del lugar distan de tener un impacto menor, pero no deja de llamar la atención las irregularidades con que la autoridad actuó. ¿Por qué lo hizo hasta este momento?. Si realmente existieron dichas violaciones y acusaciones, por qué no presentarlas en primer lugar ante la autoridad judicial competente antes de hacer un linchamiento mediático que ha despertado la reprobación con razón de un grupo significativo de ciudadanos quienes piden se respete la figura de Rosa Verduzco.
El tema no es menor en un momento donde Michoacán vive una degradación de las funciones estatales a manos de grupos criminales y donde acciones policiales bajo la sobreexplotación mediática desproporcionada parecen buscar la legitimidad perdida en la lucha contra el crimen. Ante este escenario, Rosa Verduzco luce como chivo expiatorio de una política estatal que no ha dado resultados en materia de seguridad, y donde ciudadanos como José Manuel Mireles, líder de las autodefensas michoacanas, se encuentra preso, mientras que “La Tuta”, líder de Los Templarios, continúa en libertad. El caso de “La Gran Familia” parece seguir la misma ruta de un gobierno que busca restaurar la confianza a partir del encarcelamiento de líderes sociales surgidos de la necesidad de resarcir el daño ocasionado por las omisiones desde el poder.
(imagen: //media.proceso.com.mx)