La semana pasada – en esta misma entrega – se estableció la importancia de lo que está acontenciendo en Michocán, específicamente por el desafío al Estado de Derecho por parte de los grupos de “autodefensas” y del crimen organizado, y lo que ello podría representar en términos del precedente que se sienta con ello para el resto de los estados de la república que enfrentan problemáticas similares; quizá menos agudas, pero con raíces y causas semejantes.

Luego entonces la opinión e imagen pública de México es dual. Por un lado se tienen los problemas que se describieron anteriormente sobre la violencia, pero al mismo tiempo, en la prensa se reportan los enormes avances y las buenas noticias que provienen desde Davos, Suiza: la inversión de más de 5,000 millones de pesos por parte de la empresa trasnacional Pepsico en México; la aceptación de la reforma energética mexicana en el mundo, y la popularidad de México actualmente como un país que apuesta a futuro (la juventud y carisma del Presidente Peña es uno de los pilares de esta última imagen).

El contraste es abrumador: mientras que en Davos felicitan al Presidente Peña por las reformas y se anuncian inversiones en el país, en Michoacán se desafía flagrantemente al estado – definido por Max Weber como el “monopolio del uso legítimo de la violencia física” – y el gobierno negocia con grupos paramilitares armados. Sin embargo, a pesar de la difícil situación de inseguridad, la economía parece comenzar a fluir, aunque lento, pero nuevamente en el país.

Esta dualidad no es nueva; es algo que se ha mantenido bajo un delicado balance durante muchos años: México al mismo tiempo es miembro de la OCDE y tiene a millones de habitantes sumidos en la pobreza; México combate al narcotráfico, pero toleró durante mucho tiempo a los cárteles; etc. El reto es que la situación negativa de violencia y de inseguridad no se salga de control, que pueda mantenerse a raya y que no se incline la balanza hacia lo negativo.